Posicionamiento: Sobre las declaraciones anti-derechos de la Fiscal Regional de Morelia



A las mujeres michoacanas

A la ciudadanía en general

Al Mtro. Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de Michoacán

Derivado de las opiniones anti-derechos, homofóbicas y religiosas vertidas de manera sistemática, reiterada y constante en redes sociales por la actual Fiscal Regional de Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, la Asamblea de Mujeres Michoacán reprueba y condena que dicha funcionaria pública promueva discursos de odio contra la población LGBT+, así como de discriminación contra políticas públicas y derechos humanos, específicamente los referentes a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres Michoacán estamos observando con suma atención la estrategia de los grupos anti-derechos, que están aprovechando tanto sus posiciones en distintas instituciones públicas como las condiciones adversas que impone la pandemia, a las mujeres y a la población en general, para adelantar una agenda que atenta gravemente contra la progresividad de los derechos humanos.

Si bien la libertad de creencias y la libertad de expresión están garantizadas en la Constitución, es importante recordar que este último no es un derecho absoluto y admite restricciones, entre las que se encuentran todas aquellas expresiones que incitan a la discriminación y la violencia, que pueden constituirse como discurso de odio.

Además, es fundamental tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos afirman que las personas con responsabilidades públicas tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio colectivo más exigente, y porque su posición les da una gran capacidad para reaccionar a la información y las opiniones que se vierten sobre estas personas, que pueden ser observadas y replicadas por la ciudadanía.

Bajo este orden de ideas, las redes sociales de una o un funcionario público, así como las opiniones en ellas vertidas deben someterse a lo previsto en el artículo 1ero Constitucional, que obliga a todas y todos los funcionarios públicos a promover y respetar los derechos humanos bajo el principio de progresividad, lo que incluye, además, la perspectiva de género.

En este sentido, rechazamos que Isabel Maldonado Sánchez difunda y promueva sus posturas de rechazo y estigmatización al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) y a los derechos de las personas LGBT+ a partir de sus creencias religiosas y concepciones morales. Esto contraviene el principio básico del Estado laico, que ha sido uno de los postulados fundamentales en la organización política y del servicio público en México. La conformación de la República está profundamente ligada a la separación de los asuntos del Estado de los de las iglesias, así como al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución vigente.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI nos encontremos con una servidora pública con la obligación y el poder para garantizar el acceso y la impartición de justicia, que parece anteponer sus creencias religiosas, dogmáticas y sectarias frente a la legislación y normatividad vigente en nuestro país y estado. Ello pone en riesgo el acceso universal a los derechos humanos de la población, al tiempo que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Como servidora pública, Isabel Maldonado Sánchez debe mantener sus creencias religiosas ajenas a las manifestaciones que realice públicamente durante su función, incluyendo las de sus redes sociales, ya que éstas podrían repercutir en el trato y acceso a la justicia que se brinde a las víctimas que acudan a la fiscalía regional, discriminando a un segmento muy amplio de la población en función de género, culto y orientación sexual.

¿Con qué confianza se podría acercar una persona a denunciar un delito o solicitar auxilio y justicia, si sabe de antemano que el o la Fiscal Regional ya la juzgó negativamente por su preferencia sexual? ¿Cómo se va a garantizar que haga la Fiscal su trabajo de manera justa e imparcial?

La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en su artículo 4º, establece claramente que los funcionarios públicos y el actuar de la Fiscalía se deben regir bajo los principios de autonomía, certeza, disciplina, eficacia, eficiencia, imparcialidad, lealtad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad, honradez y respeto, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad y progresividad.

En este contexto y ante el incumplimiento de la funcionaria a dichos principios y obligaciones, exigimos al Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, la destitución inmediata de Isabel Maldonado Sánchez como Fiscal Regional de Morelia, y que la persona que la reemplace manifieste explícitamente un compromiso con la defensa de los derechos humanos de TODA la población y con la perspectiva de género, apegando su conducta al principio de laicidad y a las obligaciones en materia de derechos humanos de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

Todos los derechos, para todas las mujeres.

Todos los derechos, para todas las personas.

Asamblea de Mujeres Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de julio de 2020.




Descarga el posicionamiento en PDF aquí:

Posicionamiento AMM-FRM
.pdf
Download PDF • 30KB




© 2020 Asamblea de Mujeres Michoacán